Día Internacional de la No Violencia: mirar lo que ocurre cerca
Cada 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, una jornada proclamada por Naciones Unidas para reivindicar una cultura de paz y recordar el valor de la acción no violenta frente a los conflictos. La fecha coincide con el nacimiento de Mahatma Gandhi.
Hablar de no violencia puede parecer, a primera vista, algo sencillo: rechazar las agresiones, evitar los enfrentamientos, apostar por el diálogo. Pero cuando miramos alrededor, la realidad es bastante más compleja.
La violencia no siempre se presenta de la misma manera. Y tampoco todas las situaciones pueden ponerse al mismo nivel.
En las últimas semanas hemos conocido varios casos que han ocurrido cerca y que, desde perspectivas diferentes, nos llevan a hablar de convivencia, derechos y dignidad.
Una agresión racista en Tavernes de la Valldigna
El pasado 19 de septiembre, durante las fiestas de Tavernes de la Valldigna, un joven de origen magrebí fue agredido por un grupo de jóvenes. La agresión fue grabada y difundida en redes sociales. La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, dos de ellas menores, y los hechos están siendo investigados como un posible delito de odio.
La víctima sufrió una fractura de mandíbula y tuvo que ser operada. Tras lo ocurrido, vecinos y vecinas del municipio se concentraron frente al Ayuntamiento para mostrar su rechazo.
No es una cuestión abstracta. No hablamos únicamente de racismo como concepto. Hablamos de una persona que esa noche salió de casa y terminó en un hospital.
El caso de Maricarmen
Otro caso que ha generado una fuerte reacción social es el de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que llevaba décadas viviendo.
Su situación arrastra una compleja historia jurídica relacionada con un antiguo contrato de alquiler. Una primera sentencia dio la razón a Maricarmen, pero posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid falló en sentido contrario y el Tribunal Supremo no admitió su recurso. El desahucio terminó ejecutándose cuando tenía 87 años y se encontraba en silla de ruedas.
Más allá de las cuestiones jurídicas que rodean el caso, queda una pregunta que merece ser planteada: qué protección ofrece una sociedad a una persona cuando su situación de vulnerabilidad es tan evidente.
La vivienda es un derecho reconocido. Pero detrás de cualquier expediente, contrato o procedimiento judicial hay una persona con una historia, unos vínculos y una vida.
Lo que ocurre también en nuestros barrios
La vivienda y la convivencia no son cuestiones lejanas. También forman parte de lo que está ocurriendo en València.
En l’Olivereta, vecinos y vecinas han denunciado la transformación de bajos de edificios residenciales en apartamentos turísticos. En uno de los casos, la justicia ordenó paralizar las obras de unos apartamentos turísticos en los bajos de las calles Racó d’Ademús y Castell de Benissanó tras la demanda presentada por la comunidad de propietarios.
En otra zona del barrio, l’Assemblea de l’Olivereta ha denunciado el cierre de varios comercios locales para destinarlos a apartamentos turísticos y ha alertado de la situación de otros establecimientos.
No todas estas situaciones son iguales. Una agresión racista no es lo mismo que un desahucio. Un conflicto relacionado con el uso de un inmueble tampoco es lo mismo que un delito de odio.
Pero hay algo que sí comparten: todas tienen consecuencias sobre personas concretas y sobre la forma en que vivimos juntos.
¿Qué entendemos entonces por no violencia?
Quizá también tengamos que ampliar la mirada.
La no violencia no consiste únicamente en que nadie golpee a nadie. Tiene que ver con cómo respondemos ante los conflictos, pero también con las condiciones que permiten que las personas puedan vivir con seguridad, con derechos y con dignidad.
Hay responsabilidades que corresponden a cada persona: no discriminar, no agredir, no reproducir discursos de odio, escuchar y actuar cuando alguien está siendo vulnerado.
Pero no todo puede recaer sobre la voluntad individual.
También existen responsabilidades institucionales. Las leyes, las políticas públicas, los servicios de protección, las decisiones sobre vivienda y urbanismo y la manera en que se responde ante la discriminación tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas.
Y después está la ciudadanía.
Preguntarnos qué podemos hacer, qué está en nuestras manos y qué debemos exigir como ciudadanía para que la dignidad y los derechos de todas las personas estén realmente protegidos.
Porque cada persona tiene sentimientos. Tiene miedo, preocupaciones, vínculos, recuerdos y proyectos. A veces eso se pierde cuando hablamos únicamente de cifras, expedientes o titulares.
Detrás de cada caso hay una persona.
Y recordar eso también es una forma de hablar de no violencia.
En Candombe creemos en una convivencia que no se limite a compartir calles y edificios, sino que implique reconocernos, escucharnos y defender los derechos que permiten que todas las personas puedan formar parte de la comunidad.
La convivencia no ocurre por sí sola. Se construye. Se trabaja y se trabaja día a día.
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